ASAMBLEA LEGISLATIVA: SEMANA DEL 5 AL 9 DE OCTUBRE

MOPT expone ante Hacendarios el plan de gastos de la cartera para el próximo periodo fiscal

El ministro de Obras Públicas y Transportes compareció ante la Comisión Permanente Especial de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa con el fin de detallar la propuesta presupuestaria de la institución para el próximo ejercicio anual. El plan financiero presentado asciende a 45.000 millones de colones, cifra que refleja una variación al alza del 2,7% respecto al presupuesto del periodo anterior. En la estructura del gasto, el 50% de los fondos se orienta a los órganos desconcentrados de la cartera, el 20,7% a programas internos y el 29% restante se distribuye en transferencias de capital destinadas a municipalidades e infraestructura ferroviaria.

Durante la sesión, las diputaciones integradas en el foro formularon consultas sobre las políticas institucionales implementadas para la gestión de riesgo en la red vial, enfocadas en la incorporación de parámetros de resiliencia y evaluación de amenazas múltiples en las distintas etapas de las obras. La representación del ministerio expuso los datos de las inversiones ejecutadas para la atención de daños ocasionados por fenómenos meteorológicos, así como los programas de intervención preventiva en estructuras con riesgo de colapso para el mantenimiento de la transitabilidad en las rutas nacionales.

Asimismo, la audiencia abordó la composición de las partidas destinadas a proyectos específicos, detallando el alcance de la moción presupuestaria dirigida a las obras de la carretera a San Carlos. Sobre este punto, la jerarquía del MOPT aclaró la distribución de los recursos, precisando que de un incremento general de 64.000 millones de colones, la moción asigna 52.700 millones a dicha ruta. De igual forma, se informaron las acciones para el equipamiento de la División de Obras Públicas mediante la compra de maquinaria, orientadas a la estructuración de un modelo mixto de atención de emergencias y desarrollo de infraestructura.

Plenario Legislativo aprueba cierre formal de Gobernación y reformas para el programa Hacienda Digital

El Plenario Legislativo de Costa Rica aprobó el expediente N.º 24.719, el cual dispone el cierre formal del Ministerio de Gobernación y Policía. La medida se fundamenta en el antecedente operativo por el cual la titularidad de dicha cartera ha sido ejercida por el Ministerio de Seguridad Pública desde la década de 1990. 

De igual forma, la normativa contempla la redistribución de las competencias desconcentradas y funciones operativas del ministerio hacia otras dependencias de la administración pública.
De igual forma, la cámara otorgó la aprobación al expediente N.º 25.093, referente a las reformas legales requeridas para el desarrollo del programa Hacienda Digital. La iniciativa plantea modificaciones a la estructura de la Dirección General de Tributación con el fin de ajustar sus procesos internos a las herramientas tecnológicas, actualizar los esquemas de recaudación y modificar las facultades de control y fiscalización del sistema tributario.

En el debate parlamentario, las representaciones legislativas de distintas fracciones, entre ellas el Partido Liberación Nacional, se refirieron a la adecuación del marco legal en consonancia con las plataformas tecnológicas adquiridas, como la plataforma Tribu. La discusión en la cámara concluyó con la votación afirmativa del texto para la continuidad de la implementación de los sistemas digitales en la administración de los ingresos públicos.

Informes y sectores especializados plantean reformas estructurales en el Poder Judicial para la atención de la carga procesal

Informes técnicos y sectores del ámbito judicial y político señalaron la necesidad de realizar ajustes en el marco operativo del Poder Judicial costarricense, ante el volumen de causas derivadas de la evolución de la delincuencia organizada, el cibercrimen y la litigiosidad en el ámbito constitucional por reclamos en servicios públicos. Los diagnósticos institucionales señalan que la acumulación de expedientes y la complejidad de los procesos inciden en la capacidad de respuesta y en la administración de las dependencias de la Corte Suprema de Justicia.

En el marco del debate sobre la reforma judicial, se han formulado iniciativas orientadas a modificar las reglas de reelección, los requisitos de edad y la trayectoria profesional requerida para los cargos de magistratura, a la par de la incorporación de sistemas digitales de gestión. De igual forma, las propuestas técnicas plantean la delimitación de competencias entre la función jurisdiccional y las tareas administrativas, con el objetivo de asignar la gestión operativa del Poder Judicial a órganos administrativos especializados para que los juzgados y tribunales se concentren en la tramitación y resolución de expedientes.

Por su parte, los análisis contemplan mecanismos para la reducción de la mora judicial, entre los que se incluye la opción de trasladar los procesos cobratorios a vías alternativas de resolución de conflictos, como el arbitraje. El debate institucional incluye la evaluación de los recursos asignados a la investigación y juzgamiento de causas complejas vinculadas con la delincuencia organizada, las cuales demandan una estructura logística e insumos técnicos diferenciados en comparación con los procedimientos ordinarios del sistema de justicia.