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Diputada presenta proyecto de Ley de Emergencia Energética ante la Asamblea Legislativa

La diputada Abril Gordienko López, de la fracción de la Unidad Social Cristiana, presentó a la corriente legislativa la iniciativa denominada Ley de Emergencia Energética. El proyecto plantea un marco normativo para responder a los efectos climatológicos derivados del fenómeno de El Niño sobre el sistema eléctrico nacional, con el propósito de garantizar la continuidad del suministro a los sectores residencial y productivo, y regular las variaciones en las tarifas del servicio.

El articulado contempla una reforma a los topes de adquisición de electricidad por parte del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), elevando la autorización legal para la compra a generadores privados del 15% al 30% de la capacidad del sistema. Asimismo, la propuesta faculta a las cooperativas de electrificación rural, a la Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago (JASEC) y a la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) a contratar energía directamente con diversos agentes generadores, mediante el pago de peajes por el uso de la red de transmisión nacional.

De igual forma, la iniciativa incluye la declaratoria de interés público para facultar al ICE a desarrollar proyectos de generación geotérmica en sectores delimitados de áreas silvestres protegidas y parques nacionales. La disposición supedita estas obras a la aprobación de estudios de impacto ambiental y al pago de un canon específico cuyos recursos deberán asignarse de manera exclusiva a la conservación y manejo de los ecosistemas donde se emplace la infraestructura energética.

Diputados presentan iniciativa de ley para excluir al PIMA de la regla fiscal

Un grupo de legisladores presentó a la corriente parlamentaria un proyecto de ley con el propósito de excluir al Programa Integral de Mercadeo Agropecuario (PIMA) de los alcances de la regla fiscal. La iniciativa plantea otorgar margen de maniobra administrativa a la institución para la ejecución de sus recursos propios, con el fin de canalizar fondos hacia la infraestructura de comercialización de productos agrícolas y la cadena de abastecimiento alimentario en el país.

El texto legislativo señala que las disposiciones de contención del gasto vigentes limitan la asignación de recursos institucionales para el mantenimiento y desarrollo de los mercados mayoristas y los sistemas de frío. Conforme a la propuesta, la liberación de los fondos autogenerados permitirá financiar la actualización de plataformas tecnológicas y la adquisición de maquinaria especializada, medidas orientadas a reducir las pérdidas en la etapa poscosecha y asegurar canales de comercialización para el sector agropecuario nacional.

La propuesta normativa puntualiza que la dispensa de la regla fiscal no suprime los controles de fiscalización ni los mecanismos de rendición de cuentas aplicables a los presupuestos públicos. Asimismo, la iniciativa establece que los planes de inversión deberán sustentarse en el financiamiento propio de la entidad, sin que ello signifique un incremento en las transferencias económicas provenientes del Gobierno Central para la administración de las instalaciones a su cargo, tales como el Centro Nacional de Abastecimiento y Distribución de Alimentos (CENADA), el Mercado Regional Mayorista Chorotega y la Red Frigorífica Nacional.

Plenario Legislativo aprueba en primer debate el proyecto de Presupuesto Nacional para el ejercicio 2027

El Plenario Legislativo de Costa Rica aprobó en primer debate el expediente N.º 25.754, correspondiente al proyecto de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el ejercicio económico 2027, el cual fija un monto global de 12,4 billones de colones. La propuesta sometida a votación incorporó las modificaciones acordadas de previo en la Comisión Permanente Especial de Asuntos Hacendarios y contó con el respaldo de los legisladores del bloque oficialista para continuar su trámite en la cámara.

La estructura de distribución del gasto para el próximo periodo fiscal incluye variaciones en la asignación de recursos para diversas carteras e instituciones públicas. El dictamen contempla disminuciones en las partidas asignadas al Poder Judicial y al Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), con el fin de redireccionar fondos hacia las obligaciones del Estado con la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (Jupema). En contraste, carteras como los ministerios de Hacienda, Salud, Vivienda y Asentamientos Urbanos, así como Obras Públicas y Transportes, registran incrementos en sus asignaciones presupuestarias.

En el debate parlamentario, las representaciones de las distintas fracciones legislativas expusieron criterios contrapuestos respecto a las prioridades del plan de gastos. Durante las intervenciones se discutieron aspectos relativos a la sostenibilidad fiscal y al balance macroeconómico, frente a las observaciones formuladas por diversos legisladores en torno al financiamiento del Ministerio de Educación Pública, los insumos para los cuerpos policiales y la previsión presupuestaria para el pago de la deuda del Estado con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).