ASAMBLEA LEGISLATIVA: SEMANA DEL 9 AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2026
Plenario Legislativo suspende votación en segundo debate del Presupuesto Nacional 2027 por resolución de la Sala Constitucional
El Plenario Legislativo de Costa Rica suspendió la votación en segundo debate del proyecto de Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el ejercicio económico 2027, tramitado bajo el expediente Nº 25754. La determinación responde al acatamiento de una medida cautelar dictada por la Sala Constitucional, mediante la cual se instruye a la Asamblea Legislativa abstenerse de someter la iniciativa a votación definitiva antes del 29 de noviembre de 2026.
La resolución judicial se derivó de una consulta facultativa de constitucionalidad presentada por la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia. El planteamiento señaló que determinadas normas de ejecución presupuestaria incorporadas en el texto del plan de gastos inciden en la estructura organizativa y operativa del Poder Judicial, afectando la administración de recursos, la gestión de plazas y el funcionamiento regular del sistema de justicia.
De forma paralela, el tribunal constitucional dictó una segunda medida cautelar respecto al traslado de 8.000 millones de colones provenientes del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) hacia el Ministerio de Educación Pública (MEP), fondos dirigidos al pago de obligaciones estatales con la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (Jupema). En virtud de estas disposiciones judiciales, el Congreso aguarda los pronunciamientos de fondo de la Sala Constitucional para retomar el trámite del expediente dentro del plazo límite fijado por la Constitución Política para la aprobación del presupuesto nacional.
Comisión de Asuntos Económicos analiza proyecto de reforma a la gestión de la deuda pública y el subsistema de crédito
La Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa de Costa Rica estudia el expediente Nº 25497, iniciativa orientada a modificar la normativa que rige la gestión de la deuda pública y la operación del subsistema de crédito público. Durante la audiencia, el viceministro de Hacienda, Víctor Carvajal, expuso los alcances de la propuesta, señalando que el texto plantea la unificación del marco jurídico aplicable a las distintas modalidades de financiamiento estatal con el propósito de regular la administración de la liquidez y los pasivos gubernamentales.
En el transcurso de la sesión, las diputaciones integradas en el foro formularon consultas sobre las facultades conferidas a la Dirección General de Gestión de Deuda Pública para la emisión de instrumentos de deuda de corto plazo. Las intervenciones se centraron en la definición de topes regulatorios, condiciones específicas y controles legales sobre el destino de estos recursos, con el fin de delimitar su uso respecto al financiamiento del gasto corriente o déficit operativo. Asimismo, los legisladores plantearon interrogantes sobre la gestión operativa de la cartera hacendaria, haciendo referencia a antecedentes vinculados con multas por créditos externos no ejecutados y al estado de avance reportado en los proyectos digitales.
El articulado de la iniciativa contempla además la centralización de las competencias de colocación de pasivos y la articulación operativa entre la Dirección General de Gestión de Deuda Pública y la Tesorería Nacional para la ejecución de operaciones de redención anticipada de títulos. De igual forma, el proyecto dispone que los fondos derivados de estas transacciones conserven su disponibilidad dentro del sistema de cuentas del sector público al cierre del ejercicio presupuestario, sin traslado obligatorio al fondo general, e incorpora la derogatoria de normativas anteriores para ordenar el régimen legal del endeudamiento estatal.
Comisión de Asuntos Jurídicos dictamina afirmativamente proyecto de reforma a la normativa de contratación pública
La Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa de Costa Rica emitió un dictamen afirmativo para el expediente Nº 25498, iniciativa que plantea reformas a la Ley General de Contratación Pública. El texto propone excluir de la aplicación de dicha normativa los contratos suscritos entre el Estado y determinados sujetos de derecho internacional público, condicionando la medida al cumplimiento de requisitos específicos, entre ellos la acreditación de un mandato institucional, experiencia especializada, capacidad técnica y un vínculo de cooperación internacional, con el fin de delimitar su alcance respecto a las entidades internacionales en general.
El proyecto incorpora además un régimen de excepción aplicable a la Cruz Roja Costarricense en la administración de recursos públicos. Dicha disposición rige exclusivamente cuando la entidad intervenga en labores de respuesta, rehabilitación y reconstrucción derivadas de declaratorias o situaciones de emergencia, o cuando funja como unidad ejecutora en proyectos de recuperación de zonas afectadas. El articulado precisa que la excepción no abarca la operación ordinaria de la institución, la cual permanece sujeta a los procedimientos ordinarios de la contratación pública nacional.
De acuerdo con la propuesta, el uso de fondos públicos bajo estas modalidades de contratación exigirá a las administraciones correspondientes acreditar el interés público de la gestión, fundamentar la ventaja comparativa de la figura empleada y verificar la razonabilidad de los precios y costos involucrados. Asimismo, el texto mantiene las potestades de fiscalización de la Contraloría General de la República sobre los recursos ejecutados. Tras la aprobación del dictamen en comisión, el expediente pasa al Plenario Legislativo para la etapa de discusión y presentación de mociones.
