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Comisión de Hacendarios dictamina afirmativamente expediente sobre ampliación de Ruta 1

Los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios dictaminaron afirmativamente el expediente N° 25183, bajo el que se tramita el contrato de préstamo para financiar el proyecto de ampliación y mejoramiento del corredor vial San José-San Ramón. El crédito es por $770 millones, de los cuales $600 millones son del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y $170 millones del Fondo OPEP.

Este expediente es uno de los principales proyectos de infraestructura que se han discutido durante los últimos años, y es parte de las prioridades expresadas por la ministra de la presidencia y Presidenta electa, Laura Fernández. La discusión del proyecto se centró principalmente en la tasa de interés, pues los diputados de oposición cuestionaron la misma al considerarla muy alta.

La diputada presidenta de la comisión se refirió sobre el proyecto luego del dictamen, señalando las modificaciones que se hicieron al contrato de préstamo: “El nuevo texto establece que los recursos del préstamo deberán incorporarse al presupuesto mediante presupuestos extraordinarios aprobados por la Asamblea Legislativa, lo que permitirá dar seguimiento a la ejecución financiera del proyecto y garantizar mayor trazabilidad en el manejo de los fondos”.

Al proyecto también se le realizaron modificaciones para asegurar la gestión técnica del proyecto, estableciendo la creación de una Unidad Gestora del Proyecto, con funciones específicas de planificación, seguimiento físico-financiero, gestión de riesgos, coordinación de expropiaciones y supervisión de contratos.


Mesas de trabajo sobre iniciativas para permitir la devolución del ROP decidirán futuro de los proyectos en estudio

Luego de la discusión en la tercera mesa de trabajo entre la Comisión de Asuntos Sociales y los proponentes de cuatro proyectos de ley para la devolución del Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP), se acordó definir el futuro de estas propuestas el próximo martes 17 de marzo. Durante las sesiones se analizaron los expedientes N° 24955, 24972, 24984 y 25003, buscando consenso para avanzar con una propuesta con viabilidad política. La diputada Acuña y la bancada del Frente Amplio, sugiriendo modificaciones posteriores para asegurar que sean políticamente potables. 

Por otro lado, los proponentes defendieron la urgencia de tomar una decisión para responder a la ciudadanía, proponiendo mecanismos de retiro escalonado en plazos de 36 meses para no afectar el sistema de pensiones. La recomendación final será enviada al plenario legislativo la próxima semana.


Comisión con Potestad Legislativa Plena aprueba en segundo debate proyecto contra estafas bancarias

La especialista en políticas sociales, Ana Isabel García Quesada, respaldó la propuesta de reforma a los artículos 51 y 56 de la Constitución Política de Costa Rica, cuyo objetivo es reconocer el cuido como un derecho constitucional. Durante su intervención, García enfatizó que esta labor debe ser considerada un derecho humano fundamental, esencial para garantizar la dignidad y la autonomía de las personas a lo largo de su vida.

La experta argumentó que el trabajo de cuidado y las labores domésticas sostienen la economía nacional y tienen un impacto significativo en la riqueza social. Subrayó que, si este trabajo, realizado mayoritariamente por mujeres, dejara de llevarse a cabo, la economía se paralizaría. Asimismo, señaló que la reforma constitucional es necesaria para estructurar un mecanismo de financiamiento que involucre al Estado, a la empresa privada y a las familias.

La reforma al artículo 51 busca establecer la responsabilidad del Estado en el cuido de personas menores de edad, adultos mayores y personas con discapacidad. Por su parte, la modificación al artículo 56 tiene como finalidad reconocer formalmente el valor social y económico del trabajo de cuidado dentro de la sociedad costarricense.