ASAMBLEA LEGISLATIVA: SEMANA DEL 29 DE JUNIO AL 3 DE JULIO DE 2026
Plenario Legislativo ratifica nombramientos para la Junta Directiva del Banco Central
El Plenario Legislativo de Costa Rica ratificó la designación de Rudolf Lücke Bolaños y Max Soto Jiménez como miembros de la Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica (BCCR). Ambos profesionales ejercerán sus funciones por un periodo regulado de siete años, integrándose formalmente al órgano de dirección económica una vez que el Poder Ejecutivo proceda con el acto oficial de juramentación.
El expediente de nombramiento detalla la trayectoria de los designados en el ámbito técnico y público. Rudolf Lücke Bolaños ejerció previamente las funciones de ministro y viceministro de Hacienda, además de ocupar la dirección general en esa misma cartera ministerial. Por su parte, Max Soto Jiménez posee formación en economía y registra una trayectoria laboral de más de cinco décadas en los sectores financiero y bancario, atestados que fueron revisados por la Comisión Permanente Especial de Nombramientos de la Asamblea Legislativa durante la etapa de evaluación de las candidaturas.
La Junta Directiva del Banco Central constituye el órgano encargado de establecer la política monetaria y cambiaria de Costa Rica, así como de administrar las reservas internacionales y ejecutar los mecanismos orientados al control de la inflación. Las disposiciones técnicas que adopta este consejo directivo inciden en la fijación del valor de la moneda nacional y en las variables financieras relacionadas con las tasas de interés de los créditos, los costos del sector importador y los indicadores de actividad económica en áreas como la exportación y el turismo.
Comisión de Asuntos Jurídicos recibe criterios institucionales sobre proyecto de Ley de Protección Marítima
La Comisión de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa de Costa Rica recibió las posiciones técnicas de los representantes del Consejo Nacional de Concesiones y de la División Marítimo-Portuaria en relación con el expediente 25.420, denominado Ley de Protección Marítima. La propuesta legal se tramita con el propósito de adecuar el ordenamiento jurídico interno a los compromisos y normativas internacionales vigentes, bajo el criterio de los proponentes de que la normativa actual requiere modificaciones para la atención de los riesgos asociados al narcotráfico, el crimen organizado y la seguridad en la cadena logística portuaria nacional.
Durante la etapa de análisis, el foro legislativo incorporó observaciones enviadas por el Ministerio de Hacienda, la Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE), el Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (INCOP) y otras organizaciones del sector. Las autoridades institucionales plantearon estos ajustes con el fin de precisar los alcances del texto en materia de protección a las terminales portuarias, al tiempo que solicitaron dar curso al trámite parlamentario previo a la evaluación técnica que la Guardia Costera de los Estados Unidos tiene programada en el país para el próximo mes de octubre.
La deliberación legislativa registra debates en torno a la delimitación de competencias entre los organismos encargados de la ejecución de la ley, orientados a establecer la distribución de funciones en el texto. De igual manera, se presenta una disparidad de criterios respecto a la creación de un canon para sufragar los costos operativos de seguridad; mientras algunas representaciones apoyan la fijación de un mecanismo de cobro específico, las jerarquías de los ministerios de Obras Públicas y Transportes, y de Comercio Exterior manifestaron reservas y plantearon que el financiamiento se cubra con los presupuestos institucionales ordinarios para no añadir cargas económicas a la actividad del sector.
Comisión de Nombramientos convoca a presidencias de las salas de la Corte Suprema de Justicia
La Comisión Permanente Especial de Nombramientos de la Asamblea Legislativa de Costa Rica convocó a las personas que ejercen la presidencia en las cuatro salas de la Corte Suprema de Justicia. El acuerdo parlamentario cita a Luis Guillermo Rivas Loáiciga de la Sala Primera, Luis Porfirio Sánchez Rodríguez de la Sala Segunda, Patricia Solano Castro de la Sala Tercera y Fernando Castillo Víquez de la Sala Constitucional.
La audiencia tiene como objetivo recibir los criterios y las valoraciones técnicas de las magistraturas respecto a los procedimientos vigentes para la elección y reelección de magistrados propietarios y suplentes. Con estas comparecencias, las diputaciones que integran el foro legislativo buscan recopilar insumos técnicos que sirvan como base de información para el análisis de los procesos de selección y para las futuras decisiones del órgano del Congreso.
Asimismo, la comisión aprobó la invitación a Orlando Aguirre Gómez, en su condición de presidente de la Corte Suprema de Justicia, con el propósito de registrar la posición institucional del Poder Judicial ante los actuales mecanismos de nombramiento. La iniciativa parlamentaria busca establecer un intercambio de información entre ambos poderes del Estado en torno a las normativas y metodologías aplicadas para la designación de las altas magistraturas del país.
