ASAMBLEA LEGISLATIVA: SEMANA DEL 15 AL 19 DE JUNIO DE 2026
Comisión de Nombramientos recomienda ratificación de miembros para la Junta Directiva del Banco Central
La Comisión Permanente Especial de Nombramientos de la Asamblea Legislativa de Costa Rica recomendó la ratificación del exministro de Hacienda, Rudolf Lucke Bolaños, y del economista Max Alberto Soto para integrar la Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica (BCCR). La propuesta de nombramiento recibió el respaldo de las diputaciones de la bancada oficialista tras concluir la etapa de comparecencias y la revisión de los perfiles de los postulantes dentro del expediente parlamentario.
Durante la comparecencia de Rudolf Lucke, legisladores de las fracciones de oposición señalaron observaciones en sus atestados, específicamente por no incorporar en su declaración jurada un recurso relacionado con la transferencia de recursos económicos al Organismo de Investigación Judicial, además de aspectos relativos a la asignación de partidas para el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES). Estas menciones derivaron en el voto en contra de su recomendación por parte de los representantes de los partidos Liberación Nacional y Frente Amplio.
Por su parte, la postulación de Max Alberto Soto registró la oposición de la fracción del Frente Amplio durante la deliberación interna del órgano legislativo. Tras completarse el trámite de recomendación en la comisión, ambos economistas quedan propuestos ante el Plenario para un periodo de funciones de siete años en el Banco Central, en un proceso donde el nombramiento de Soto corresponde a la renovación del cargo que ejercía en la institución.
Comisión de Seguridad y Narcotráfico programa audiencias con autoridades judiciales y de seguridad
La Comisión Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa de Costa Rica formalizó una agenda de audiencias destinadas a revisar las estrategias contra el crimen organizado y la situación de la seguridad ciudadana. El órgano parlamentario mantendrá estas sesiones con el propósito de analizar el marco de los procedimientos judiciales vigentes, con énfasis en los criterios de aplicación para las medidas cautelares y la prisión preventiva en causas que se encuentran bajo investigación penal.
Para el desarrollo de este análisis, el foro legislativo citó a comparecer al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre Gómez; a la presidenta de la Sala Tercera, Patricia Solano Castro; y al fiscal general de la República, Carlo Díaz Sánchez. Las diputaciones examinarán los criterios técnicos aplicados en aquellos expedientes de investigación donde, tras la ejecución de allanamientos y la recolección de indicios probatorios, no se dispuso la aplicación de medidas restrictivas de libertad para las personas imputadas.
Asimismo, la comisión dictaminó la comparecencia del ministro de Seguridad Pública, Gerald Campos Valverde, en una sesión que se enfocará en el estado de la seguridad en la localidad de Crucitas y en las dinámicas sociales y delictivas asociadas a la extracción ilegal de oro en el sector. Estas comparecencias están integradas dentro de la agenda de trabajo ordinaria de la comisión, la cual se desarrollará los días jueves como parte del proceso de formulación de propuestas en materia de seguridad nacional.
Comisión de Asuntos Sociales dictamina proyecto de ley para regular nombramientos en Junta Directiva del INA
La Comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa de Costa Rica dictaminó el expediente 25.100, una iniciativa que plantea modificaciones en el proceso de renovación de los cargos de la Junta Directiva del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA). La propuesta establece un periodo de nombramiento único de seis años para los representantes de los sectores empresarial y laboral, e incorpora una prohibición expresa para la reelección de las personas que ocupen dichos cargos.
La reforma tiene como objetivo normativo regular la permanencia en los puestos y establecer la alternancia en las funciones del máximo órgano de la institución. Durante el trámite de la propuesta se analizaron diferentes posiciones respecto a la extensión de los mandatos, tomándose en consideración los criterios técnicos remitidos por la Contraloría General de la República y las directrices sobre gobernanza de juntas directivas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
El proyecto de ley contó con el voto favorable de diversas fracciones parlamentarias, las cuales basaron su postura en la ausencia de límites específicos para los nombramientos en la legislación vigente. Tras recibir el dictamen correspondiente en la comisión, el expediente pasa a la corriente del Plenario legislativo, etapa en la cual miembros del Congreso prevén la presentación de mociones para realizar modificaciones adicionales al texto antes de la votación final.
