
Poder Ejecutivo presenta proyecto de ley para modificar el procedimiento de cobro judicial tributario
El Poder Ejecutivo presentó ante la Asamblea Legislativa el proyecto de ley expediente N.° 25.669, el cual plantea una reforma al Código de Normas y Procedimientos Tributarios. La iniciativa propone ajustar el marco normativo ante el registro de más de 770.000 expedientes tramitados en el sistema de cobro judicial, los cuales registran un plazo de resolución promedio de cinco años e inciden en la capacidad de respuesta de los despachos judiciales.
La propuesta legislativa establece una facultad para que la Dirección General de Hacienda ejecute la aplicación de embargos sobre bienes de las personas contribuyentes con obligaciones pendientes, de forma directa y sin requerir la apertura de un proceso en la vía judicial. Conforme al procedimiento planteado, la persona deudora recibirá la notificación respectiva mediante su buzón electrónico y dispondrá de un plazo de quince días hábiles para efectuar la cancelación de la deuda o tramitar un arreglo de pago. El texto precisa que la medida se aplicará a obligaciones tributarias que cuenten con acto firme, manteniendo las etapas de defensa previas a la ejecución de las acciones cautelares.
El proyecto incorpora un régimen de sanciones para terceras personas o entidades jurídicas que participen en la ocultación de activos del sujeto pasivo de la obligación. La iniciativa estipula que los expedientes tributarios que se encuentran actualmente en trámite en los tribunales de justicia no experimentarán cambios en su tramitación y continuarán su curso bajo la legislación vigente hasta la emisión de la resolución final.
Poder Ejecutivo propone reforma tributaria al mercado de tabaco para modificar mecanismos de fiscalización y recaudación
El Ministerio de Hacienda presentó una propuesta de ley para modificar la estructura impositiva sobre la venta y consumo de productos de tabaco en Costa Rica. De acuerdo con los datos del informe de Evasión Fiscal 2024, el comercio de contrabando abarca un 43% del mercado nacional de cigarrillos, registro que incide en la fiscalización sanitaria de las mercancías y en el volumen de ingresos de la recaudación tributaria. El documento técnico de la iniciativa analiza la relación entre las tarifas del esquema tributario vigente, los precios finales del sector formal y las variaciones de demanda hacia productos del comercio irregular.
La reforma planteada suprime los tributos específicos asignados al Instituto de Desarrollo Rural (Inder) para trasladar las competencias de recaudación y fiscalización directamente al Ministerio de Hacienda. Con este ajuste operativo, la administración tributaria dispondrá de atribuciones para modificar los instrumentos de control sobre la evasión e incorporar dentro del marco de regulación fiscal las nuevas modalidades de consumo, tales como los dispositivos de vapeo, mediante disposiciones administrativas sin requerir trámites legislativos posteriores.
Asimismo, el texto del proyecto crea un tributo específico de hasta 20 colones por unidad de cigarrillo o sus derivados. La iniciativa dispone que este monto se ajuste de forma anual con base en el índice de inflación determinado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). La propuesta establece que el marco normativo entrará en vigencia tres meses después de su publicación formal en el diario oficial La Gaceta.
Poder Ejecutivo presentó conjunto de proyectos de ley en materia de seguridad
La administración Fernández Delgado presentó ante la Asamblea Legislativa un paquete compuesto por seis proyectos de ley orientados a modificaciones en el sistema de seguridad y en el ámbito penal del país. Entre las iniciativas planteadas se incluye una reforma para la modificación de los plazos y etapas de los procesos penales mediante la concentración de la prueba en una audiencia única, así como una propuesta de reforma constitucional para ampliar las causales de extradición aplicables a personas vinculadas con estructuras de crimen organizado transnacional.
El conjunto de propuestas legislativas incorpora también el uso de dispositivos de monitoreo electrónico para el seguimiento de personas en regímenes de confianza y la aplicación de brazaletes para personas con obligaciones pendientes de pensión alimentaria que mantengan actividad laboral. De igual forma, el texto propone la tipificación penal de la extracción minera en áreas silvestres protegidas y parques nacionales, fijando penas para las actividades de organización, financiamiento y comercialización ilícita de los materiales obtenidos en estas zonas.
La propuesta del Ejecutivo contempla una reestructuración en la nomenclatura de las escalas y rangos de los cuerpos policiales. Durante el acto de presentación de los textos, representaciones de distintas fracciones del Congreso expusieron sus posiciones respecto a los proyectos, señalando la incorporación de aspectos como la prevención de la violencia y el equipamiento de los cuerpos de seguridad, en el marco de la entrega de un posterior bloque de iniciativas anunciado por el gobierno.
