ASAMBLEA LEGISLATIVA: SEMANA DEL 23 AL 27 DE MARZO DE 2026
Comisión Legislativa recomienda consulta constitucional tras veto al proyecto de eventos deportivos en vías públicas
La Comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa de Costa Rica acordó recomendar al Plenario el envío del expediente N° 24037 a la Sala Constitucional, tras analizar el veto interpuesto por el Poder Ejecutivo a la reforma de la Ley para regular los eventos deportivos en vías públicas terrestres. Los legisladores evaluaron las objeciones del Gobierno en una sesión donde prevaleció la intención de salvaguardar la viabilidad jurídica del proyecto antes de tomar una decisión definitiva sobre su futuro legislativo.
Durante el análisis, los diputados manifestaron su preocupación ante la posibilidad de que el veto presidencial resulte en el archivo de la propuesta. El argumento central de los defensores del proyecto es que la iniciativa busca establecer un marco legal para los denominados "eventos pirata", actividades deportivas que actualmente se realizan en carreteras nacionales sin las autorizaciones correspondientes. Según los legisladores, la falta de una regulación actualizada y eficiente compromete la integridad física de los atletas y de los usuarios de las vías, por lo que la reforma pretende estandarizar los requisitos técnicos para la organización de estas competencias.
Por su parte, el Poder Ejecutivo fundamentó su veto en posibles roces con principios constitucionales relacionados con el uso común de los bienes públicos. El Gobierno sostiene que la propuesta podría debilitar los controles estatales al eliminar la necesidad de una declaratoria de interés público por cada evento, lo cual funciona actualmente como un filtro técnico para garantizar que el beneficio colectivo no se vea afectado de manera injustificada. Ante la complejidad de estos argumentos, la consulta ante la Sala Constitucional se presenta como el paso previo necesario para que el Congreso determine si procede con un eventual resello, proceso que, según el artículo 126 de la Constitución Política, requeriría una mayoría calificada de 38 votos para convertir el proyecto en ley a pesar de la oposición presidencial.
Guillermo Santana señala necesidad de subsidio estatal para garantizar operación del tren de pasajeros
El ex presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER), Guillermo Santana Barboza, compareció ante la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa para exponer una serie de cuestionamientos sobre la viabilidad financiera y técnica del proyecto de tren rápido de pasajeros. Durante su intervención, el experto advirtió que la magnitud de la obra requiere de un subsidio estatal permanente, argumentando que una operación dependiente de la tarifa pagada por los usuarios comprometería la sostenibilidad económica del sistema a largo plazo. Según Santana, sin este respaldo financiero del Estado, el proyecto corre el riesgo de volverse inoperativo.
Desde la perspectiva técnica, Santana señaló deficiencias críticas en el diseño actual, enfatizando la necesidad de aumentar la cantidad de viaductos y pasos a desnivel. Estas estructuras son fundamentales para reducir la interferencia con el tráfico vehicular y disminuir la tasa de accidentes, factores que impactan directamente en la velocidad y puntualidad del servicio. Asimismo, el exjerarca alertó sobre la carencia de personal especializado para la gestión ferroviaria y la falta de una estructura sólida de alianza público-privada que garantice el mantenimiento de la infraestructura una vez concluida la obra.
En respuesta a estos señalamientos, la jefa de la bancada oficialista, Pilar Cisneros, justificó la reducción de los pasos a desnivel, que pasaron de veinte a nueve, indicando que la longitud total de la ruta proyectada se redujo de 84 a 53 kilómetros. No obstante, los legisladores de la comisión acordaron someter a revisión las recomendaciones de Santana, quien concluyó que si el tren no logra ofrecer tarifas competitivas frente al servicio de autobuses o no garantiza los estándares internacionales de frecuencia y seguridad, el proyecto podría enfrentar una demanda insuficiente para su funcionamiento.
Comisión de Alajuela dictamina proyecto para regular minería metálica en Cutris de San Carlos
La Comisión de Alajuela de la Asamblea Legislativa concluyó el análisis de 155 mociones del expediente N° 24717, iniciativa que busca establecer un marco regulatorio para la exploración y explotación de minería metálica sostenible en el distrito de Cutris. A diferencia del modelo de otorgamiento por orden de llegada, la propuesta introduce un proceso competitivo que evalúa la solvencia económica, la experiencia técnica y el historial ambiental de las empresas interesadas, con el fin de profesionalizar la actividad en la zona norte del país.
El mecanismo de selección estipula que los candidatos preseleccionados deberán participar en una subasta para obtener los derechos de explotación. Asimismo, el texto establece un canon obligatorio del 5% sobre el valor bruto de las ventas anuales del mineral extraído. Según las proyecciones de las reservas de oro en la región, estas regalías se distribuirían en un 72% para el Gobierno Central, un 25% para las municipalidades locales y un 3% destinado a las asociaciones de desarrollo comunal.
Pese al avance del proyecto, la discusión en la comisión reflejó posturas divididas. Mientras un sector de los legisladores defiende la propuesta como una herramienta para combatir la minería ilegal y recuperar el control soberano sobre los recursos naturales, otros diputados, como Priscila Vindas, manifestaron su rechazo al texto dictaminado. Las objeciones se centran en la supuesta falta de una discusión profunda sobre la figura de la subasta y la estructura de las regalías, así como en las presiones de tiempo que mediaron durante la revisión de las mociones.
