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Crédito por 800 millones de dólares es aprobado por diputados en primer debate

El Plenario Legislativo de Costa Rica aprobó en primer debate un crédito de 800 millones de dólares para el proyecto de tren rápido de pasajeros. La propuesta técnica consiste en una línea férrea de 52 kilómetros de extensión que conectará las localidades de Paraíso y Alajuela. El plan de infraestructura incluye la construcción de 26 estaciones nuevas, la adquisición de 28 unidades de tren y la reconstrucción de 29 puentes ferroviarios, además de intervenciones en las estaciones actuales situadas en Atlántico, Pacífico, Heredia y Cartago.

La ejecución de la obra contempla la instalación de sistemas tecnológicos para el control de operaciones, acceso a estaciones, comunicación y señalización. Para el desarrollo del trazado, el proyecto requiere la gestión de 145 expropiaciones, las cuales cuentan con una partida presupuestaria de 24 millones de dólares financiada por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes.

El financiamiento total se estructura mediante 550 millones de dólares provenientes del Banco Centroamericano de Integración Económica, de los cuales 178 millones corresponden al Fondo Verde, y 250 millones de dólares aportados por el Banco Europeo de Inversiones. Tras esta primera aprobación, el proyecto de ley queda sujeto a una segunda votación para su ratificación definitiva por parte del Plenario.

Pese a esto, el proyecto no ha podido discutirse en segundo debate debido a la falta de quórum en la sesión de la Comisión Especial de Redacción, aspecto que suscitó una discusión en el Plenario el pasado jueves 23 de abril.Se espera que el próximo martes, último día de sesión del Plenario de este periodo constitucional pueda acordarse una moción de posposición en la que se prioricen este y otros proyectos, así como sesionar en la comisión para que el texto pueda conocerse en Plenario para su segundo debate.


Comisión de Asuntos Jurídicos dictamina iniciativa sobre licencias para trabajadores independientes

La Comisión de Asuntos Jurídicos dictaminó el expediente N° 25000, una iniciativa legislativa que propone la inclusión de las personas trabajadoras independientes como beneficiarias de licencias y subsidios para el cuido de familiares en fase terminal y menores de edad con enfermedades graves. El proyecto plantea que este sector de la población acceda a estos beneficios en su condición de contribuyentes de la Caja Costarricense de Seguro Social.

Durante el análisis de la propuesta, se señaló que las personas trabajadoras independientes carecen actualmente de este tipo de coberturas al no poseer una relación patronal, pese a realizar aportes a la seguridad social. Por su parte, la fracción oficialista manifestó su oposición al texto bajo el argumento de que el proyecto no define con precisión las fuentes de financiamiento requeridas para la sostenibilidad de los beneficios propuestos.

En la misma sesión, el órgano legislativo tramitó otros expedientes, entre ellos el expediente N° 25176, el cual busca modificar la normativa vigente para reducir el tiempo de espera requerido para el ejercicio del notariado. Asimismo, se discutió una reforma a la Ley de remuneraciones de los diputados que pretende autorizar el uso de vehículos eléctricos como opción equivalente a la asignación de combustible que perciben actualmente los legisladores.


Comisión de Seguridad y Narcotráfico aprueba informe sobre gestión de seguridad nacional

La Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa aprobó, con cuatro votos a favor y dos en contra, un informe de investigación sobre las políticas de seguridad nacional de la actual administración. El documento concluye que la gestión del Poder Ejecutivo presenta debilidades en la implementación de políticas públicas, lo que ha tenido repercusiones en las áreas de prevención de delitos y ejecución de penas.

El texto detalla una serie de decisiones administrativas que incluyen el traslado de personal de seguridad desde puntos estratégicos hacia otras zonas. Entre los movimientos registrados se encuentran los del Servicio Nacional de Guardacostas en las localidades de Drake y Sixaola, así como de la Policía de Control de Drogas en diversas terminales portuarias y en los puestos fronterizos de Tablillas y Peñas Blancas. El informe también señala una disminución en los recursos asignados a inteligencia y seguridad, además de una falta de sustento técnico y coordinación en las estrategias vigentes.

Durante la sesión, un sector de los legisladores manifestó su disconformidad con el procedimiento de votación, indicando que el tiempo para analizar el contenido del informe antes de su aprobación fue insuficiente. Paralelamente, la comisión rechazó los fundamentos del Poder Ejecutivo para el veto a la ley de ejecución de la pena. Ante este escenario, el proyecto será remitido a la Sala Constitucional para su consulta, previo a una eventual votación de resello en el plenario legislativo.