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Plenario aprueba en primer debate proyecto de ley para la transición energética en el sector combustibles

La Asamblea Legislativa de Costa Rica aprobó en primer debate el expediente 24.079, denominado "Ley para promover la transición energética en el sector combustibles". Durante el proceso parlamentario, el texto original fue objeto de una revisión que incorporó una moción de consenso, con el propósito de modificar la normativa legal que regula las funciones de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) y de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP).

La reforma plantea modificaciones en la composición de la matriz energética nacional y en los niveles de utilización de los derivados del petróleo. El marco jurídico propuesto otorga a Recope las potestades legales para realizar actividades de investigación, desarrollo, producción, importación, almacenamiento y comercialización de fuentes de energía alternativas, específicamente biocombustibles, gas natural e hidrógeno verde. Asimismo, el texto autoriza a la empresa estatal a conformar alianzas estratégicas con organizaciones del sector privado para la ejecución de proyectos en estas áreas energéticas.

El proyecto de ley conserva la atribución de la ARESEP para aplicar la regulación tarifaria correspondiente a los nuevos combustibles bajo criterios de control técnico. Tras la votación en esta etapa del trámite legislativo, el expediente se encuentra habilitado para la discusión y votación en segundo debate, fase que determinará la ratificación final del cambio en el ámbito operativo de la institución pública en relación con las metas nacionales de descarbonización.


Plenario ratifica nombramientos en la Comisión para Promover la Competencia

El Plenario Legislativo de Costa Rica ratificó las designaciones de los nuevos miembros de la Comisión para Promover la Competencia (COPROCOM) dentro del trámite del expediente 25.613. Las posiciones titulares correspondieron a Marco Vinicio Arroyo Flores y Yanina Córdoba Corrales, en tanto que Cintia Calvo fue ratificada para ocupar el puesto de integrante suplente. Los nombramientos fueron formulados por el Poder Ejecutivo y disponen un periodo de funciones de seis años para las personas seleccionadas.

En el marco del procedimiento de elección, se detallaron los lineamientos de trabajo planteados por Marco Vinicio Arroyo Flores, los cuales se enfocan en mecanismos de supervisión aplicados a las estructuras monopólicas. Su propuesta metodológica establece como áreas de revisión prioritaria las actividades de alto impacto social, específicamente el mercado de medicamentos, la fiscalización de los procesos de contratación pública para la detección de prácticas colusorias y los canales de comercialización de alimentos, con el objetivo de identificar distorsiones operativas de forma previa a su consolidación en el mercado.

La ratificación de las candidaturas obtuvo los votos afirmativos de la fracción del partido oficialista, Pueblo Soberano, con lo cual alcanzó la votación requerida para su aprobación formal. Por el contrario, el acuerdo legislativo registró los votos en contra de las bancadas de oposición, integradas por los partidos Liberación Nacional, Frente Amplio, Unidad Social Cristiana y la Coalición Agenda Ciudadana, cuyas representaciones fundamentaron su postura en observaciones relativas a las condiciones de neutralidad y objetividad de los perfiles seleccionados por la administración gubernamental.

Comisión de Nombramientos inicia audiencias sobre procesos de elección de magistraturas de la Corte Suprema

La Comisión Permanente Especial de Nombramientos de la Asamblea Legislativa de Costa Rica comenzó una serie de audiencias destinadas a revisar las metodologías vigentes para la elección de magistrados propietarios y suplentes de la Corte Suprema de Justicia. El foro legislativo inició esta etapa con la comparecencia de Orlando Aguirre Gómez, en su condición de presidente del tribunal superior, con el propósito de detallar los procedimientos aplicados en estas designaciones ante los miembros del Congreso.

Durante el desarrollo de la sesión se analizaron las atribuciones legales correspondientes a cada poder de la República en los procesos de nombramiento. En la comparecencia se especificó que, respecto a las magistraturas suplentes, la intervención del Poder Judicial consiste en la remisión de nóminas de candidaturas a la Asamblea Legislativa, correspondiendo la decisión final y el acto de nombramiento a la competencia exclusiva del Parlamento. Asimismo, se consignó que la selección y tramitación de los magistrados propietarios constituyen facultades del Poder Legislativo, las cuales se rigen por sus reglamentos internos.

La agenda de la comisión contempla la realización de audiencias posteriores en las que comparecerán las personas encargadas de la presidencia de las cuatro salas del Poder Judicial. El objetivo de las reuniones institucionales es recopilar datos técnicos referidos a los parámetros de evaluación, los perfiles profesionales, académicos y éticos requeridos para el cargo, así como los sistemas implementados para la valoración del desempeño jurisdiccional de los magistrados.