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Diputados aprueban proyecto de ley que crea policía ambiental

La Asamblea Legislativa aprobó en primer debate el expediente N° 23601, que establece la creación de la Policía de Control y Protección Ambiental bajo la estructura del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE). Este cuerpo policial tendrá jurisdicción en el territorio nacional, la Zona Económica Exclusiva y el mar territorial, contando con facultades para inspeccionar fincas, embarcaciones e instalaciones industriales. Asimismo, sus efectivos podrán realizar detenciones, decomisar productos de vida silvestre o madera y asegurar maquinaria vinculada a delitos ambientales, además de ejecutar allanamientos con orden judicial en viviendas cuando existan indicios de ilícitos.

También, la normativa dispone que el personal del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) y los guardaparques mantendrán su autoridad para aprehender infractores dentro de las áreas protegidas. No obstante, la nueva policía deberá brindar respaldo técnico y operativo de forma obligatoria para la investigación de delitos y la realización de operativos conjuntos. Esta estructura busca coordinar las funciones de vigilancia ambiental existentes con las nuevas capacidades de intervención policial en todo el país.

Si bien se aprobó, algunos diputados manifestaron su preocupación por la falta de recursos y preparación de los guardaparques, quienes asumirían el nuevo rol de este cuerpo policial.Se espera que sea votado en segundo debate la próxima semana.


Diputados reciben audiencias en Comisión de Ciencia, Tecnología y Educación

La Comisión de Ciencia, Tecnología y Educación de la Asamblea Legislativa recibió las comparecencias de diversos sectores para analizar dos proyectos de ley en materia económica y educativa. Julián Arias Varela, viceministro de Desarrollo Empresarial y Mejora Regulatoria del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), manifestó la oposición del Poder Ejecutivo al expediente N° 24944, referente a la promoción de empresas emergentes tecnológicas o startups. Según el jerarca, la propuesta legislativa no aporta valor adicional y generaría duplicidad normativa, superposición de funciones institucionales y un incremento en los costos de coordinación estatal.

La iniciativa, presentada por la diputada independiente Johana Obando, pretende establecer un marco normativo para incentivar, así como crear un entorno propicio para el nacimiento y crecimiento de startups tecnológicas o empresas emergentes tecnológicas en Costa Rica. El proyecto aún debe ser dictaminado por los diputados de la comisión.

Por otro lado, la comisión conoció el criterio favorable de Isabel Román Vega, directora del Programa Estado de la Nación, respecto al expediente N° 25293, el cual propone la creación del Sistema Nacional de Macro Evaluación Educativa. Tras recibir estas observaciones, el foro legislativo acordó convocar al jerarca del Ministerio de Educación Pública (MEP) con el objetivo de obtener la posición técnica de dicha cartera sobre la iniciativa educativa.


Comisión con Potestad Legislativa Plena aprueba en segundo debate proyecto contra estafas bancarias

Los diputados de la Comisión Plena III aprobaron en segundo debate el proyecto que se tramitó bajo el expediente legislativo N° 23908, Ley de protección a las personas consumidoras en la custodia de su dinero que administra cualquier entidad financiera en Costa Rica ya sea pública o privada, autorizada para este fin, que invierte la carga de la prueba a favor de las personas estafadas electrónicas que acudan a la vía judicial tras haber sufrido de una sustracción de los recursos de sus cuentas bancarias.

El proyecto, presentado por el diputado Oscar Izquierdo, fue acuerpado durante los días de discusión por un grupo de personas en barras de público, el cual se compone de personas víctimas de estafa y sus familias. En un comunicado de prensa emitido por su despacho, el diputado Izquierdo se refirió al incremento de estos casos y la necesidad de devolverle a los consumidores la confianza en el sistema financiero del país:

“En los últimos años, los fraudes electrónicos en Costa Rica han crecido de forma acelerada, con un aumento aproximado del 668% entre 2020 y 2024, lo que evidencia la urgencia de fortalecer los mecanismos de protección para las personas consumidoras. La aprobación de esta ley busca equilibrar la relación entre las personas usuarias y las entidades financieras, reforzar los estándares de custodia del dinero y fortalecer la confianza de la ciudadanía en el sistema financiero. Porque cuando una persona deposita su salario, su pensión o el capital de su negocio en una entidad financiera, lo hace confiando en que su dinero estará protegido.”

La iniciativa pasa al Poder Ejecutivo para su respectiva sanción.