ASAMBLEA LEGISLATIVA: SEMANA DEL 16 AL 20 DE FEBRERO DE 2026

Jefaturas de fracción reciben a presidenta electa, y ministra de la presidencia, Laura Fernández

Las jefaturas de fracción, miembros del Directorio Legislativo y la ministra de la Presidencia y presidenta electa, Laura Fernández Delgado, se reunieron en la Asamblea Legislativa en un primer acercamiento desde las elecciones, el pasado 1 de febrero. La intención de Fernández, según había manifestado previamente, era plantear una agenda de consenso entre el Poder Ejecutivo y los diputados y diputadas en estos últimos meses del periodo constitucional 2022-2026.

La propuesta de proyectos presentada por la ministra y presidenta electa se centra, mayoritariamente, en créditos externos que requieren de mayoría calificada (38 votos) y que ya se encuentran en etapas avanzadas de trámite. Estas iniciativas abarcan áreas críticas como infraestructura y movilidad urbana, apoyo presupuestario y gestión de especialistas médicos. La jerarca también manifestó la apertura de su parte, como ministra y futura presidenta, para entablar una nueva reunión y profundizar sobre los temas tratados.

La lista presentada por el Poder Ejecutivo incluye el proyecto de tren eléctrico en el GAM, el contrato de préstamo para financiar el "Programa de Reconstrucción y Desarrollo Territorial Resiliente al Clima", el contrato de préstamo para financiar la segunda operación de políticas de consolidación fiscal, mitigación económica y social Covid 19 y descarbonización (OPD II), así como el proyecto de ley general de adquisición de terrenos y expropiaciones. También se incluyen el contrato de préstamo para el desarrollo internacional para financiar el proyecto de ampliación y mejoramiento del corredor Vial San José-San Ramón, el proyecto de ley para regular la exploración y explotación de minería metálica sostenible a cielo abierto en Cutris de San Carlos y el proyecto de fortalecimiento de la Salud Pública.

Conformadas las comisiones para analizar reformas constitucionales

El día miércoles 18 de febrero el Plenario Legislativo eligió a las diputaciones que integrarán las comisiones para el estudio de dos reformas constitucionales planteadas. En primer lugar las encargadas de esto serán las diputadas Monserrat Ruiz, Vanessa Castro, Sofía Guillén, Rosalía Brown y María Marta Padilla, quienes serán las encargadas de analizar la reforma a la constitución para la adición de un párrafo segundo al artículo 51 y al artículo 56 para el reconocimiento de los cuidados como derecho constitucional.

Por su parte los miembros de la comisión especial que deberá recomendar o no la reforma del artículo 30 de la Constitución Política serán Alejandro Pacheco, Antonio Ortega, Gilberth Jiménez, Fabricio Alvarado y Gloria Navas.

Los miembros de dichas comisiones deberán emitir su recomendación para determinar si es viable la reforma referente al acceso a los departamentos administrativos y al ejercicio del derecho de acceso a la información pública, garantizando transparencia administrativa, publicidad, protección de datos personales. Ambas comisiones tendrán un plazo 20 días hábiles para emitir el informe respectivo.

Comisión de Relaciones Internacionales y Comercio Exterior dictamina afirmativamente 3 convenios internacionales 

La Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Legislativa dictaminó positivamente tres expedientes que buscan modernizar el marco jurídico de la aviación civil en Costa Rica. El primero de ellos, bajo el expediente 25.207, consiste en un protocolo que actualiza el convenio de 1972 sobre infracciones y actos cometidos a bordo de aeronaves. Esta reforma, impulsada originalmente bajo el patrocinio de la OACI en Montreal, permite al país ratificar enmiendas críticas al Convenio de Tokio de 1963, fortaleciendo la seguridad y la jurisdicción sobre incidentes en vuelos internacionales.

En la misma línea, se dio luz verde al expediente 25.243, el cual aprueba reformas a los artículos 50 a) y 56 del Convenio sobre Aviación Civil Internacional (Convenio de Chicago). Al ser Costa Rica un Estado signatario histórico de este acuerdo desde 1947, la ratificación de estas enmiendas es fundamental para mantener la alineación del país con los estándares globales de gobernanza aeronáutica, asegurando que nuestra legislación nacional guarde coherencia con las disposiciones vigentes de la Constitución Política y los compromisos internacionales.

Finalmente, los legisladores dictaminaron el expediente 25.302, que ratifica el Acuerdo de Servicios Aéreos entre Costa Rica y Uruguay. Este proyecto es estratégico para la conectividad regional, ya que establece libertades del aire de hasta quinta y séptima categoría (para pasajeros y carga, respectivamente). El convenio fomenta una competencia justa y flexible al permitir la designación múltiple de aerolíneas, acuerdos de código compartido y operaciones no regulares sin límites de frecuencia, lo cual dinamiza el mercado aéreo y amplía las posibilidades operativas para ambos países.