ASAMBLEA LEGISLATIVA: SEMANA DEL 13 AL 17 DE ABRIL DE 2026
Cámaras empresariales en contra de proyecto de etiquetado nutricional
En una reciente audiencia ante la Comisión de Derechos Humanos, representantes del sector empresarial manifestaron su rotunda oposición al expediente N° 24840, denominado "Ley de etiquetado frontal con advertencias nutricionales". Sergio Capón, de la Cámara de Industrias, y Jorge Luis Araya, de UCCAEP, argumentaron que la iniciativa debilita la seguridad jurídica al legislar sobre materias que consideran de carácter reglamentario y técnico. Según los voceros, la aprobación de una norma desarmonizada con los Reglamentos Técnicos Centroamericanos (RTCA) supondría un obstáculo comercial crítico, afectando el acceso al 76% de los mercados de destino en Europa y contraviniendo compromisos adquiridos en el marco del acuerdo comercial con la Unión Europea.
Por su parte, Mario Montero, representante de la Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria (CACIA), sostuvo que el proyecto busca intervenir el mercado y "sugestionar" las decisiones de compra de los consumidores. Montero alertó sobre el impacto negativo que la regulación tendría en micro y pequeños empresarios, señalando que las sanciones propuestas son desmedidas y desproporcionadas. Durante su intervención, el representante de CACIA mantuvo un intercambio directo con el diputado Antonio Ortega, a quien señaló de estar desinformado, mientras reiteraba la solicitud del sector de archivar el expediente en favor del proceso de reglamentación técnica que ya se gestiona a nivel regional.
Desde la acera legislativa, la diputada Andrea Álvarez cuestionó la efectividad del proceso de reglamentación centroamericana en el COMIECO, señalando que la salud pública no puede quedar supeditada a un reglamento que no termina de consolidarse. Álvarez defendió la potestad del Congreso para legislar en esta materia, citando criterios de la Sala Constitucional que respaldan la viabilidad de normas nacionales frente al derecho comunitario. Asimismo, la legisladora denunció ataques a la integridad personal de las proponentes por parte del sector empresarial y anunció que solicitará un cronograma formal para verificar el avance real de las gestiones regionales mencionadas por las cámaras.
La sesión concluyó con las críticas del diputado Antonio Ortega hacia la actitud de los representantes gremiales. Ortega reprendió al sector por lo que calificó como un intento de "caricaturizar" la discusión y descalificar la labor legislativa mediante acusaciones de tráfico de influencias. Mientras el sector empresarial insiste en que el etiquetado debe resolverse mediante la vía administrativa y técnica para evitar el aislamiento comercial de Costa Rica, las diputaciones promotoras sostienen que la ley es una herramienta urgente y necesaria para garantizar el derecho a la información nutricional de la población.
El proyecto deberá ser sometido a discusión y votación para su respectivo dictamen.
Comisión de Hacendarios avala crédito de $800 millones para Tren Rápido de Pasajeros
La Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa aprobó el financiamiento por 800 millones de dólares destinado a la ejecución del proyecto del Tren Rápido de Pasajeros. La iniciativa técnica plantea la construcción de una línea férrea de 52 kilómetros de extensión, diseñada para enlazar las localidades de Paraíso y Alajuela. Según el plan de trabajo, la infraestructura busca mitigar la saturación vial en el Gran Área Metropolitana mediante un sistema de transporte masivo que daría servicio a la zona donde se concentra más del 50% de la población del país.
El desarrollo de la obra civil incluye la habilitación de 26 estaciones nuevas y la intervención de las terminales existentes en el Atlántico, Pacífico, Heredia y Cartago. Asimismo, el proyecto contempla la reconstrucción de 29 puentes ferroviarios y la adquisición de una flota de 28 unidades de trenes modernos. Los legisladores que respaldan la propuesta argumentan que la modernización del sistema ferroviario constituye una decisión estratégica para elevar la competitividad nacional y facilitar el traslado diario de los usuarios en el corredor interurbano.
En cuanto a la estructura financiera, el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) aportará 550 millones de dólares, cifra que incorpora recursos del Fondo Verde para el Clima y el Banco Europeo de Inversiones. Por su parte, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) deberá gestionar 24 millones de dólares adicionales para costear aproximadamente 145 expropiaciones necesarias para el derecho de vía. Tras el dictamen afirmativo de la comisión, el expediente será trasladado al plenario legislativo para su discusión y votación definitiva.
Asamblea Legislativa tramita reforma para fiscalizar infraestructura aeroportuaria
La Asamblea Legislativa impulsa una reforma a la Ley General de Aviación Civil que otorgaría al Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme) de la Universidad de Costa Rica la potestad de fiscalizar la infraestructura aeroportuaria nacional. El proyecto busca que las inversiones en pistas y terminales se ajusten a estándares de calidad y seguridad técnica mediante una supervisión especializada. Para el financiamiento de estas nuevas labores de auditoría, la iniciativa propone la creación de una tasa específica que garantice los recursos operativos del laboratorio.
La propuesta enfrenta observaciones técnicas por parte de la Dirección General de Aviación Civil, entidad que advirtió sobre posibles conflictos de competencias. Según el criterio de la institución, la normativa vigente ya le otorga la exclusividad en la regulación y supervisión técnica de los aeropuertos. La entidad señala que la incorporación de un segundo organismo fiscalizador podría generar confusión administrativa y una dispersión de responsabilidades legales ante eventuales fallas estructurales o incidentes en las terminales aéreas.
Los sectores que respaldan el proyecto argumentan que la intervención del Lanamme es fundamental para subsanar deficiencias detectadas en la gestión de la infraestructura aérea y fortalecer el criterio técnico independiente. La reforma pretende establecer un sistema de fiscalización rigurosa para prevenir deterioros en las terminales y asegurar la eficiencia de los fondos públicos. Tras concluir las etapas de análisis y consultas institucionales, el expediente se encuentra actualmente en la corriente legislativa a la espera de su votación final en el plenario.
