ASAMBLEA LEGISLATIVA: SEMANA DEL 1° AL 5 DE JUNIO DE 2026
Asamblea Legislativa analiza proyecto de ley sobre regulación de servicios y productos financieros
La Asamblea Legislativa de Costa Rica evalúa el expediente N° 24616, denominado Ley de Protección del Consumidor de Servicios o Productos Financieros. La iniciativa propone modificaciones normativas orientadas a la regulación de los derechos de los usuarios dentro del mercado financiero nacional, asignando nuevas competencias de supervisión a las autoridades correspondientes.
El análisis de la propuesta registra diferentes posiciones entre las fracciones parlamentarias. Por un lado, sectores de la oposición manifestaron reservas sobre el alcance de las funciones que se otorgarían al Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), específicamente en lo relacionado con el acceso a datos crediticios. Por otra parte, la bancada oficialista señala que la reforma atiende vacíos regulatorios en la normativa de consumo actual, bajo el argumento de que la estructura vigente de comisiones e intereses influye en la capacidad de los usuarios para contrastar las condiciones de los créditos disponibles.
Entre los componentes de la propuesta se encuentra la opción de retracto contractual para determinados servicios financieros en un plazo mínimo de diez días. De igual manera, el texto plantea el establecimiento de un canon destinado al financiamiento de las tareas de supervisión, con una proyección de hasta el 1% sobre los ingresos brutos de las organizaciones sujetas a regulación. El expediente cuenta con el dictamen de la Comisión de Asuntos Económicos y continúa su trámite hacia el Plenario, etapa para la cual se prevé la presentación de mociones de fondo.
Plenario aprueba texto para facultar alianzas estratégicas en JAPDEVA para desarrollo de marina y terminal de cruceros
La Asamblea Legislativa de Costa Rica aprobó de forma unánime un nuevo texto para el expediente 24.259, el cual faculta a la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA) para establecer alianzas estratégicas. La iniciativa normativa tiene como propósito regular la inversión directa en el desarrollo de la marina y la terminal de cruceros, vinculando estas acciones a la gestión financiera de la institución y a la generación de empleo junto con encadenamientos productivos en la región caribeña.
El marco legal propuesto estipula que los contratos de alianza estratégica podrán tener una vigencia de hasta 50 años, plazo que requerirá una justificación fundamentada en estudios técnicos y económicos basados en la magnitud de la obra y su modelo financiero. El texto determina que estas colaboraciones se apartan de los procedimientos de contratación ordinarios, pero quedan sujetas a los principios constitucionales de transparencia, eficiencia, igualdad, publicidad y rendición de cuentas, los cuales se especificarán en la reglamentación de la ley.
La iniciativa también ratifica la potestad de JAPDEVA para otorgar concesiones destinadas al desarrollo de marinas en los bienes bajo su administración, bajo el cumplimiento de la legislación sobre concesión y operación de marinas y atracaderos turísticos. Para el avance de las obras, el aliado estratégico que resulte seleccionado deberá obtener la viabilidad técnica de la Comisión Interinstitucional de Marinas y Atracaderos Turísticos, mientras que los contratos definitivos quedarán sometidos a la fiscalización posterior de la Contraloría General de la República.
Plenario aprueba en primer debate creación del paisaje nacional espejo de agua embalse Arenal
La Asamblea Legislativa de Costa Rica aprobó en primer debate el expediente 22.981, el cual crea el área silvestre protegida denominada "paisaje nacional espejo de agua embalse Arenal". La iniciativa establece un marco de ordenamiento para el uso del lago, integrando la gestión de la infraestructura con el desarrollo de actividades productivas y turísticas en las comunidades colindantes, además de declarar de interés público el plan de desarrollo ambiental y social para la zona de amortiguamiento.
El proyecto de ley, que inició su trámite parlamentario en marzo de 2022, plantea la compatibilidad entre la función de generación energética del embalse y la actividad socioeconómica de la región. La propuesta ha contado con el respaldo de las autoridades municipales de los cantones de Tilarán y San Carlos, así como de representantes del sector turístico local, quienes formaron parte del proceso de formulación del modelo de gestión ambiental y social.
La votación en el Plenario legislativo registró una aprobación unánime con el respaldo de los 56 diputados presentes en la sesión. El proyecto se estructura como una política de mediano plazo orientada a regular el desarrollo sostenible en el área geográfica que se conformó a partir de la creación del embalse hace cinco décadas, quedando ahora a la espera de su segundo debate para la ratificación definitiva.
