ASAMBLEA LEGISLATIVA: SEMANA DEL 18 AL 22 DE AGOSTO DE 2025

Diputaciones se cuestionan si continuar con vía rápida a proyecto de jornadas excepcionales

El diputado Leslye Bojorges inició lo que terminó siendo un debate reglado sobre si continuar con la vía rápida al expediente N° 24290 sobre jornadas excepcionales de 12 horas. El legislador señaló que el Plenario no debía continuar con el trámite de mociones pues al ritmo que lleva el procedimiento pasarían el resto de lo que les queda el periodo constitucional votando mociones sin que se logre la aprobación del proyecto. Producto de esta intervención las diputaciones debatieron sobre el tema en un debate reglado de 30 minutos en el que la idea de dar marcha atrás parecía ganar apoyo.

Producto de esto, los diputados de la fracción del Frente Amplio, algunas diputaciones independientes y algunas de la fracción de Liberación Nacional presentaron una moción de orden para dejar sin efecto el procedimiento de vía rápida. La diputada Rocío Alfaro, jefa de fracción de la agrupación frenteamplista, resaltó la necesidad de avanzar en la agenda legislativa y criticó que se avanzara con una vía rápida a un proyecto que considera sin viabilidad política.

El Plenario Legislativo deberá conocer la moción de orden presentada para decidir el futuro del procedimiento abreviado, la cuál requiere de una mayoría calificada de 38 votos para ser aprobada.

Superintendencias señalan gran cantidad de inconvenientes a proyecto del consumidor financiero

Este miércoles la Comisión de Asuntos Económicos recibió en audiencia a los intendentes de SUPEN, SUGESE Y SUGEVAL para conocer el criterio de los entes supervisores sobre el proyecto que se tramita bajo el expediente N° 24616 “Ley de Protección del Consumidor de Servicios o Productos Financieros”, que pretende crear una nueva institución bajo dependencia del MEIC para la supervisión de las conductas del mercado financiero sobre los derechos del consumidor de productos de este tipo.

Los intendentes señalaron lo que ellos consideran “los 7 pecados capitales” del proyecto, como lo son falta de independencia del ente supervisor, conflictos de intereses, sanciones desproporcionadas, entrega de datos sensibles al Poder Ejecutivo, pago de un nuevo canon, duplicidad de funciones y conflictos de competencia, así como responsabilidad solidaria incluso sin dolo.

Los diputados consultaron sobre aspectos técnicos e impactos del proyecto, a la vez que manifestaron preocupación por los conflictos de intereses que se podrían generar y el impacto negativo en los mercados regulados. El diputado Gilberto Campos realizó una serie de preguntas sobre los impactos en los mercados regulados por las superintendencias y sobre los requerimientos de OCDE en esta materia que, de acuerdo al Sr. Tomás Soley, la OCDE no ha hecho solicitud en esta línea, ni aplicaría sanciones al país por no adoptar una norma como la que se encuentra en discusión, sino que, al contrario, ha señalado que el proceso llevado por Costa Rica es un proceso robusto.

La iniciativa fue presentada por el Poder Ejecutivo y posee un plazo de vencimiento al 18 de septiembre.

Aprobado Convenio 190 de la OIT contra el acoso laboral

Este miércoles en sesión extraordinaria de Plenario se aprobó en segundo debate el expediente N° 22569 “Ley de Aprobación del Convenio sobre la Eliminación de la Violencia y el Acoso en el Mundo del Trabajo (Convenio 190)”. Este es un acuerdo que establece normas internacionales sobre violencia y acoso en el mundo del trabajo. Define estos conceptos de manera amplia, abarcando comportamientos, prácticas o amenazas que tengan como fin, resultado o probabilidad causar daño físico, psicológico, sexual o económico. Su aplicación se extiende a todos los trabajadores, en cualquier forma de empleo, y cubre tanto el lugar de trabajo como actividades conexas, desplazamientos, comunicaciones y espacios relacionados con el entorno laboral. También dispone que los Estados que lo ratifiquen adopten medidas para su prevención, atención y reparación.

La iniciativa, presentada desde 2021 por el Poder Ejecutivo, ha sido impulsada por la fracción del Frente Amplio en los últimos meses, quienes manifestaron su satisfacción por la aprobación. La diputada Alfaro Molina calificó la decisión del Plenario como un hecho histórico.