ASAMBLEA LEGISLATIVA: SEMANA DEL 15 AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025
Comisión de la Mujer dictamina negativamente proyecto para regular propaganda que use imagen de la mujer
La Comisión de la Mujer discutió el miércoles 17 de setiembre el expediente N° 24245 titulado “Reformas y adiciones a la ley que regula la propaganda que utilice la imagen de la mujer, Ley N.° 5811 de 10 de octubre de 1975 y sus reformas. Ley para garantizar una vida libre de violencia y discriminación hacia las mujeres en la propaganda y/o publicidad comercial”. El expediente, que venció su plazo de estudio por la subcomisión el 9 de setiembre, contó con dos informes presentados: uno de mayoría positivo y otro de minoría negativo, no obstante, este último no se discutió debido a que se presentó fuera del plazo reglamentario. La votación fue de 4 votos en contra y 3 votos a favor, por lo que se tuvo por rechazado.
Las diputadas de la comisión mantuvieron un amplio debate sobre el texto sustitutivo que fue rechazado, en el que la diputada Carolina Delgado manifestó estar en contra de la censura previa que planteaban el texto base y sustitutivo y que por ello no apoyaría la iniciativa. Por su parte, las diputadas Alfaro y Alpízar, manifestaron la necesidad de actualizar la ley actual, señalando su antigüedad, aduciendo que la misma ha quedado obsoleta respecto a las nuevas formas de publicidad y propaganda.
La diputada manifestó a través del encargado de prensa que presentaría un dictamen de minoría para que sea conocido por el Plenario. También valoraría presentarlo nuevamente, aspecto que analizará y comunicará en su momento.
Comisión Especial de Nombramientos ratifica miembro propietario de COPROCOM
En sesión ordinaria el miércoles 17 de setiembre, la Comisión Permanente Especial de Nombramientos ratificó a Mauricio Soto Rodríguez como miembro propietario del Órgano Superior de la Comisión para Promover la Competencia (COPROCOM). Soto, quien es economista, fue propuesto por el Poder Ejecutivo para ocupar la vacante en el Órgano Superior de la COPROCOM, luego de fallidos intentos por cumplir con dicho nombramiento.
Dentro de los atestados del candidato están que es economista con dieciocho años de experiencia en el diseño y ejecución de investigaciones, mecanismos de estabilidad financiera y políticas públicas relacionadas con política monetaria, fiscal, de competencia y previsional. En los últimos cinco años desarrolló estrategias innovadoras para fortalecer la cobertura, suficiencia y sostenibilidad del sistema nacional de pensiones, así como mitigar los principales riesgos del sistema, como es el retiro masivo de los recursos previsionales.
La recomendación de la comisión ahora será trasladada al Plenario Legislativo para su votación final.
Defensa Pública plantea objeciones a proyecto de reforma procesal penal
La Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Jurídicos recibió en audiencia al director de la Defensa Pública, Juan Carlos Pérez Murillo, para referirse al expediente N° 24913 “Reforma a los Artículos 30, 71, 90, 92, 104, 277, 316, 317, 318, 319 y 373 de la Ley N° 7594, Código Procesal Penal del 10 de abril de 1996 y 96, 96 Bis y 96 Ter de la Ley N° 8, Ley Orgánica del Poder Judicial”.
El director de Defensa Pública objetó el proyecto, señalando que el Código Penal necesita una reforma integral, pues la actual versión cumplirá 30 años de antigüedad el próximo año. También señaló que podría afectar el derecho a defensa de las personas, pues obligaría a las personas a ser representados por un defensor público, incluso si el acusado manifiesta no querer ser defendido por esa persona. En cuanto al tema de la mora judicial, la diputada Rocío Alfaro consultó sobre posibles reformas que puedan subsanar la misma, a lo que el director manifestó que habría que considerar una reforma integral de la legislación procesal penal que cambie la estructura de los procesos.
La iniciativa pretende declarar en rebeldía si un imputado no se presenta a la audiencia preliminar sin una justificación válida. Además, permitiría que un solo juez pueda conocer el juicio en los casos de delitos cuya pena no supere los diez años, lo que agilizaría la resolución de los procesos. También establece que en caso de que el defensor no pueda asistir a una audiencia, el imputado tendrá un máximo de cinco días para nombrar a otro abogado, o se le asignará un defensor público.
