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Asamblea Legislativa concluye trámite de mociones sobre el proyecto de jornadas laborales excepcionales

La Asamblea Legislativa de Costa Rica finalizó la etapa de votación de las mociones de revisión correspondientes al proyecto de ley de jornadas laborales excepcionales, conocido como jornadas 4x3. Tras concluir este ciclo procesal, el expediente continúa con las fases del trámite parlamentario, las cuales contemplan la publicación del texto en el diario oficial La Gaceta y el traslado al departamento técnico para la definición de las consultas institucionales obligatorias.

La iniciativa legislativa plantea una modificación al marco laboral para permitir jornadas de hasta 12 horas diarias concentradas en un menor número de días por semana. El texto establece tres modalidades operativas: una jornada diurna de cuatro días de trabajo por tres de descanso, una nocturna de tres días laborables por cuatro de descanso, y una mixta de cuatro días de trabajo por tres libres. Asimismo, el proyecto fija un lapso de descanso mínimo de 12 horas consecutivas entre la finalización de un turno y el comienzo de la siguiente jornada.

Durante la sesión, las representaciones parlamentarias manifestaron sus posturas sobre la continuidad del expediente. Sectores a favor señalaron el impacto del esquema en los parámetros de competitividad y en la atracción de inversión extranjera directa, mientras que fracciones de oposición expusieron reservas de carácter constitucional sobre el contenido de la propuesta. En el marco del debate, se anunció la presentación de una consulta facultativa de constitucionalidad ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia para la revisión del texto previo a las fases de discusión y votación definitiva en el Plenario.

INCOPESCA expone observaciones ante la Comisión de Agropecuarios sobre propuesta de subsidio por veda pesquera

El Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA) presentó su postura técnica ante la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Agropecuarios de la Asamblea Legislativa respecto al expediente N.° 25.603. La iniciativa plantea una reforma a la legislación pesquera para establecer un subsidio dirigido al sector pesquero durante los periodos de veda, eliminando el criterio de comprobación de necesidad socioeconómica como requisito de acceso.

Durante la audiencia, el presidente ejecutivo de la entidad, Nelson Peña Navarro, expuso las observaciones de la institución sobre la formulación del texto. La exposición incluyó la revisión de los parámetros técnicos y legales de la propuesta, la disponibilidad de datos para la estimación presupuestaria y la asignación de los fondos vigentes contemplados para la atención de esta obligación dentro de la administración pública.

Asimismo, en el análisis legislativo se abordaron los cálculos sobre el impacto financiero de la eventual aplicación universal del beneficio. Las autoridades del INCOPESCA mostraron los registros comparativos entre el total de licencias de pesca oficiales y la cifra de subsidios socioeconómicos asignados por otras dependencias estatales, como parte de la discusión sobre la viabilidad presupuestaria del proyecto de ley.

Corte Suprema e instituciones judiciales exponen ante Hacendarios implicaciones del proyecto de presupuesto 2027

La Presidencia de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica expuso ante la Comisión Permanente Especial de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa las proyecciones operativas vinculadas con la propuesta de presupuesto asignada a la entidad para el ejercicio fiscal 2027. Las autoridades judiciales detallaron el impacto de las variaciones presupuestarias sobre los rubros de infraestructura, servicios de tecnologías de la información, contratos de arrendamiento y la administración de las plazas institucionales.

El plan de gasto sujeto a análisis contempla una reducción en el monto ordinario destinado a la institución, así como el condicionamiento de una partida adicional a la verificación de criterios técnicos relacionados con la ejecución presupuestaria y los informes de proyectos de infraestructura. En el desarrollo de la sesión, representaciones del Ministerio Público, del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y de la Defensa Pública mostraron las proyecciones relativas a la compra de equipamiento, el financiamiento de licencias electrónicas y el funcionamiento de las sedes regionales.

En el debate parlamentario se abordaron los criterios de asignación y las competencias en la distribución del gasto del sector judicial. Durante la audiencia, la presidencia de la comisión precisó que la definición interna de los rubros presupuestarios no corresponde al Poder Ejecutivo, señalando que la asignación final de las partidas priorizadas recae en las decisiones que adopte la Corte Plena dentro de su autonomía administrativa.