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Comisión de Control del Ingreso y Gasto Público analiza modificaciones contractuales de la concesión de ruta 27

La Comisión Permanente Especial de Control del Ingreso y Gasto Públicos de la Asamblea Legislativa de Costa Rica analizó los términos del contrato de concesión de la ruta nacional 27, con énfasis en el acuerdo conciliatorio formalizado en el año 2015. Conforme a las exposiciones técnicas brindadas ante el foro legislativo, dicho ajuste implicó una variación en el cálculo del valor presente de los ingresos a favor de la empresa concesionaria, sumando una partida adicional de 43 millones de dólares e introduciendo cláusulas de garantía financiera asumidas por la administración pública.

El consultor financiero Federico Villalobos expuso en la audiencia que la modificación contractual conllevó una redistribución del riesgo de demanda, el cual fue asumido por el Estado costarricense en sustitución del operador privado. De acuerdo con el esquema expuesto, en caso de que al vencimiento del plazo de la concesión en el año 2033 no se alcance el umbral de recaudación acordado, el erario público deberá asumir la diferencia resultante, la cual se estima de forma preliminar en torno a los 470 millones de dólares, sujeta a las tasas de interés y a los flujos vehiculares que se registren.

Durante la sesión, las diputaciones y los peritos consultados abordaron el impacto de las cláusulas contractuales sobre las finanzas del Estado y los márgenes de inversión pública en otras obras viales. Asimismo, se discutieron lineamientos para la formulación de futuros contratos de infraestructura bajo la figura de concesión de obra pública, planteando la conveniencia de supeditar eventuales compensaciones económicas, extensiones de plazo o modificaciones financieras a la verificación objetiva de parámetros de calidad técnica y desempeño operativo.