La Comisión Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa de Costa Rica formalizó una serie de audiencias institucionales destinadas a revisar las estrategias vigentes contra el crimen organizado y la situación de la seguridad ciudadana. El órgano parlamentario programó estas sesiones con el propósito de evaluar, junto a las autoridades del Poder Judicial, los procedimientos de investigación penal, el tratamiento de las pruebas obtenidas durante los allanamientos y los criterios de aplicación para medidas cautelares como la prisión preventiva.
La lista de comparecientes convocados por las diputaciones incluye al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre Gómez, a la presidenta de la Sala Tercera, Patricia Solano Castro, y al fiscal general de la República, Carlo Díaz Sánchez. El desarrollo de estas comparecencias tiene como objetivo recibir informes técnicos sobre el marco regulatorio del Código Procesal Penal, así como analizar las condiciones normativas bajo las cuales las personas sujetas a investigación judicial afrontan sus procesos tras los operativos policiales.
Asimismo, la comisión citó al ministro de Seguridad Pública, Gerald Campos Valverde, para que rinda un informe sobre la situación social y las condiciones de seguridad en la localidad de Crucitas. La exposición del jerarca se enfocará en el estado de la zona respecto a las actividades de minería ilegal y los hechos de violencia registrados en el sector, con el fin de definir las acciones estatales correspondientes y revisar los costos operativos relacionados con el despliegue policial y el mantenimiento del orden público en esa región del país.